Hoy la Universidad viene enfrentado dos problemas fundamentales; por un lado, el gobierno y sus “intelectuales orgánicos” (para colmo sanmarquinos) señalaron que la nueva Ley Universitaria resolvería los problemas de corrupción y mediocridad en la Universidad, y nada de ello viene sucediendo. Por otro lado, han pasado más de nueve meses y las pugnas entre las autoridades universitarias han impedido la implementación de la tan mentada Ley.
La nueva Ley Universitaria, diseñada bajo criterios mercantiles del FMI, BM y UNESCO (ajenos a los intereses de la nación) no resolverá los problemas de la Universidad; por el contrario, servirá como marco legal a las autoridades para profundizar la privatización de la Universidad, eliminar los principios democráticos (gratuidad de la enseñanza, cátedra paralela, autonomía universitaria, etc.), poner la Universidad al servicio directo del capitalismo (grandes empresas) y reprimir al Movimiento Estudiantil. Ya en su momento Mariátegui señalaba que “…la reorganización de la enseñanza tiene que estar dirigida por sus propios hombres”, después de analizar los fallidos intentos de implementación de modelos educativos extranjeros (español, francés y norteamericano) a nuestra nación.
En nuestra casa de estudios existe la colusión y pugna entre dos organizaciones docentes. Por un lado, Acuerdo Institucional (AI), defensores de la nueva Ley Universitaria y ex funcionarios y asesores del gobierno de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo, como Lynch, Zenón De Paz y Sinesio López; y por otra parte, Frente Unido por San Marcos, grupo de docentes mercenarios sin principios, a fin al APRA y Fujimorismo, que colaboró activamente con la intervención militar de los 90s. Ambas organizaciones se coluden para eliminar los principios democráticos, reprimir estudiantes y, hoy en día, para eliminar el Estatuto vigente; y pugnan por el control de la Universidad.
Asimismo, en estos últimos meses el gobierno de Cotillo viene profundizando sus políticas anti democráticas contra estudiantes (cierre temporal del comedor, sistema de turnos, denuncias penales a estudiantes, etc.), docentes y trabajadores (no reconoce a los sindicatos SITRAUSM y SUTUSM), con el fin de evitar que continúen con las denuncias de corrupción (caso Yallicuna, caso falsificación de firmas, decanos interinos, etc.) y garantizar así la continuidad de su organización política, Frente Unido por San Marcos, en el gobierno de la universidad.
Por ello, llamamos a luchar contra las políticas anti democráticas de las autoridades, defender el contenido democrático del Estatuto en la Asamblea Estatutaria y exigir el cumplimiento de las demandas estudiantiles. En ese sentido, debemos comprender que el contenido del nuevo Estatuto reflejará la correlación de fuerzas políticas de la Universidad; es decir, si las autoridades y estudiantes mercenarios tienen la hegemonía en la Asamblea Estatutaria, el resultado será un nuevo Estatuto con principios mercantiles y reaccionarios. Es así que las tareas fundamentales son impulsar el Movimiento Estudiantil a través de la reconstrucción de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y participar activamente en la Asamblea Estatutaria.
El proceso de reconstrucción no se da siguiendo “glorias pasadas y ajenas” (tomando dogmáticamente ejemplos de organizaciones gremiales del pasado o de otras universidades); sino, sobre todo, sacando lecciones de los métodos de organización y dirección de estas últimas décadas, y sobre esta base definir normas para su correcto desenvolvimiento. Debemos entender que el Movimiento Estudiantil tiene etapas de auge y crisis, y los métodos de organización y dirección son distintos en cada etapa. Así, en la actualidad, los problemas evidentes en el Movimiento Estudiantil responden a una situación de crisis, por ende, las políticas de reconstrucción deben apuntar a salir de ella, dotando a la FUSM de principios de organización y dirección que articulen la lucha de distintos Centros de Estudiantes y Centros Federados alejados de la Asamblea General de Gremios (AGG). Y en este contexto de profundización de la privatización de la Universidad y represión estudiantil, es necesario aplicar lo que Mariátegui señalaba:“…situándonos dentro del marco que señalan las leyes del Estado, para, de esa manera, actuar en el terreno de la legalidad, y concretarnos a nuestra organización, con las garantías que tiene que disfrutar todo organismo oficialmente reconocido”.
Tanto el Frente Unido por San Marcos como AI temen la participación de la FUSM en la Asamblea Estatutaria; ya que denunciaría sus políticas anti estudiantiles y privatistas, y políticamente repercutiría en el Movimiento Universitario nacional. Ambas organizaciones prefieren estudiantes mercenarios o afines políticamente a ellos, organizados en algún “frente electoral” que garantice la defensa de sus intereses. Principalmente estudiantes afines a AI, que en su momento apoyaron la NLU, asolapada y abiertamente; y que hoy en día carecen de correlación de fuerza para hegemonizar en la FUSM, se oponen a su reconstrucción antes de la conformación de la Asamblea Estatutaria.
Estos estudiantes, consciente o inconscientemente, se oponen a participar como Federación Universitaria de San Marcos en la Asamblea Estatutaria y denunciar las políticas anti estudiantiles de las organizaciones docentes mencionadas; ya que su política es no sujetarse a los organismos gremiales. Asimismo, contraponen la participación de la FUSM en la Asamblea Estatutaria, prefiriendo participar como “frente electoral” y de esa manera canalizar las propuestas estudiantiles y abanderarse de la lucha estudiantil (error que cae la izquierda electoral desde hace décadas), en función a las elecciones del 2016; soslayando el fortalecimiento gremial. No olvidemos que en estos últimos meses el Frente Amplio y, ahora último, la Coalición Progresista Unión de Fuerzas de Izquierda (C PUFI), albergan en sus filas a muchos jóvenes de izquierda de nuestra casa de estudios.
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